Abogada Edisa López

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La Administración, en virtud de la Ley 58/2003, General Tributaria,  puede realizar, por distintos medios, la comprobación de los valores de cualquier renta, producto o bien que derive en una obligación tributaria. Es decir que, en el caso de la adquisición de un inmueble (del que se ha pagado en el momento de la compra-venta el impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente) la Administración puede comprobar si el valor que está a su alcance determinar como “real” para dicho inmueble es mayor que el que se ha formalizado en la escritura.

El derecho tributario (conjunto de normas y leyes que regulan la obligación de todo ciudadano del pago de impuestos derivados de sus actividades económicas) es una materia extensa y compleja. Incluso en el ámbito del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y las comprobaciones de valores existe un amplísimo conjunto de textos que lo regulan y de jurisprudencia y sentencias en las que basar una reclamación.

La Administración tiene, y ha tenido, a su alcance, según la normativa vigente en cada momento, distintas posibilidades de determinar el valor del bien transmitido. Las evoluciones del mercado y, en particular, la profunda crisis relacionada con el sector inmobiliario de los últimos años, ha provocado grandes diferencias entre los valores de compra-venta y los determinados por la Administración.

Una vez recibida liquidación provisional, emitida por la Administración, por la cual se comprueba el valor del inmueble adquirido, el contribuyente puede y tiene derecho a presentar recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto o reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) alegando cuestiones formales.

Una vez notificada al contribuyente la liquidación provisional por comprobación de valores, se puede interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido o Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación.

Asimismo el abogado especialista en derecho tributario es el único que puede ofrecerle la gestión de su caso en todas las fases del mismo (Administrativa y contenciosa) de forma que su reclamación sea coherente y perfectamente argumentada en todas sus fases; aspecto de suma importancia para el éxito del mismo.

Edisa Lópezes especialista en Derecho Tributario y Master en Tributación y Asesoría Fiscal con más de 10 años de experiencia en el ámbito del Tax Litigation (Reclamaciones, recursos y contenciosos ante la administración Pública) y miles de casos resueltos satisfactoriamente para sus Clientes.

De esa forma, si su valor, según la Administración, es mayor que el declarado, puede solicitar al contribuyente la liquidación de los impuestos por la diferencia más los intereses de demora desde la fecha de devengo del impuesto, es decir, fecha en la que se otorgó escritura de compraventa.

Licenciada en derecho por la Universidad de Valencia (1994/1999)con la especialidad enDerecho Financiero y Tributario.Su especialización en el ámbito tributario se completó a través delMáster en Tributación y Asesoría Fiscalpor el Centro de Estudios Financieros de Valencia (2007/2008).

Cualquier ciudadano puede, dentro de la forma y plazos establecidos para ello, presentar un recurso Administrativo. Agotada la vía Administrativa es necesaria la asistencia de Abogado y Procurador para continuar con la reclamación, en ese caso ya mediante proceso contencioso.

Características:

Acceso para sillas de ruedas Aseo adaptado para sillas de ruedas Aseos Se necesita cita Se recomienda pedir cita