Ibane Bastida

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Con la entrada en vigor de la Ley 7/2015 de 30 de junio de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de progenitores, se considera que la custodia compartida es el régimen más adecuado en los casos de separación o divorcio, atendiendo a los requisitos establecidos en su articulado y siempre velando por el interés superior de los y las menores.Los requisitos que tendrá en cuenta el juez a la hora de acordar la custodia compartida son los siguientes: la práctica anterior de los progenitores con los menores antes de la separación, la edad de los menores, la opinión de los hijos siempre que tengan una edad que el juez considere bastante para escucharles y en todo caso, serán oídos a partir de los 12 años. El resultado de los informes de especialistas, la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, la ubicación de sus residencias habituales así como los apoyos con los que cuenten, la relación entre los progenitores, la implicación y el cumplimiento de los deberes de los progenitores en relación a sus hijos, el arraigo social, escolar y familiar de los menores y cualquier otra circunstancia concurrente en los progenitores o en los hijos que resulte relevante para el régimen de convivencia.En definitiva, si tanto el padre como la madre demuestran la misma implicación en la educación de sus hijos y cumplen los requisitos referidos, con la nueva ley, se acordará la custodia compartida, ahora bien, siempre y cuando no sea perjudicial para los menores.

Muchos clientes que cometen un delito me preguntan si van a entrar en prisión. Mi experiencia en la asistencia a detenidos o investigados por un delito, es que la mayoría cometen delitos por los que resultan condenados a penas inferiores a dos años de prisión.Si la condena que se le puede imponer por el delito cometido o la condena que finalmente se le impone no excede de los dos años de prisión, si es la primera vez que ha cometido el delito, no entrará en prisión. Se acordará la suspensión de la condena con la condición de no volver a delinquir en un periodo de tiempo que normalmente suele ser dos años.Ahora bien, si no es la primera vez que ha cometido el delito, la cosa cambia. Para no entrar en prisión el juez tendrá en cuenta las circunstancias personales del condenado, la naturaleza del hecho, su conducta, y en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, y que todas esas circunstancias no aconsejen su entrada en prisión.

Si, se puede modificar la pensión de alimentos que se acordó en su día siempre y cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de acordar la cuantía de la pensión.Por ejemplo, puede ocurrir que de pronto el progenitor obligado al pago se encuentre desempleado o que tenga un salario muy inferior al que tenía en el momento de acordarse la pensión, estos son requisitos para presentar una demanda de modificación de medidas y solicitar la reducción de la pensión.También puede ocurrir al contrario, que el obligado al pago tenga un salario superior al que tenía cuando se acordó la pensión o que su capacidad económica se haya visto incrementada. En ese caso, si sus hijos tienen unos gastos que no pueden ser sufragados, a la vista de que han variado las circunstancias que dieron lugar a la adopción de dichas medidas, se podrá solicitar la modificación de la pensión y solicitar el incremento de la misma.

El Código Penal, en su artículo 227 establece que el que dejare de pagar dos meses consecutivos o cuatro meses no consultivos la pensión de alimentos acordada por resolución judicial, será castigado con la pena de 3 meses a 1 año de prisión o a una multa de 6 a 24 meses.Es decir, el progenitor que deja de pagar la pensión podría incurrir en un delito y por lo tanto, la denuncia es viable.Ahora bien, puede ocurrir que el progenitor obligado al pago no tenga trabajo ni recursos para abonar la pensión, en ese caso, el obligado al pago podría defender su postura por imposibilidad de pagar la pensión.Otra opción es reclamar la pensión de alimentos presentando una demanda civil de ejecución de sentencia, vía por la que se le requerirá de pago y en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.

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