De Miguel Leiro Abogados

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Están, por un lado, las ejecuciones dinerarias y por otro, las obligaciones de hacer (o no hacer). El tipo de requerimiento dependerá de la naturaleza de la infracción en sí misma y de la del título judicial que pretendemos ejecutar. Este último detalle es importante, toda vez que no podemos olvidar que una ejecución de título judicial consiste en hacer cumplir el mismo en sus propios términos. Es decir, sólo podremos ejecutar ante el juzgado aquellos pronunciamientos que EXPRESAMENTE vengan recogidos en el documento que pretendemos obligar a cumplir.Ejecuciones dinerarias: se formularán ante un impago de una cantidad expresamente recogida en el título judicial. Si el ejecutado no abonara la citada cantidad, el juzgado podrá proceder al embargo de la misma en el plazo de 10 días (junto con los correspondientes intereses y costas que en su caso se devenguen). La realidad es que en raras ocasiones el procedimiento es así de eficaz, pues suele mediar la oposición de la contraparte (que si bien no debería suspender el referido plazo, muchos juzgados sí esperan a llegar al fondo del asunto antes de iniciar cualquier acción destinada a embargar esas cantidades). Además, también son muy frecuentes las situaciones en las que el ejecutado no tiene bienes o derechos que embargar, dificultando así la labor judicial para resarcir al demandante. Del mismo modo, existe una limitación al embargo de salarios, pensiones o retribuciones de naturaleza análoga que no superen el salario mínimo interprofesional (si bien esta inembargabilidad queda sin efecto cuando estamos ante la reclamación de cantidades que constituyen la pensión de alimentos de los hijos dependientes económicamente).

Ejecuciones de obligaciones de hacer (o no hacer): se formulan ante el incumplimiento de la contraparte cuando no lleva a cabo las indicaciones de comportamiento expresamente estipuladas en un título judicial (por ejemplo, el incumplimiento de un régimen de visitas o de la entrega de un bien o el lanzamiento de un inmueble). Si estamos ante obligaciones que puede llevar a cabo un tercero, se podrá pedir al juzgado que las realice éste último a costa del demandado. No obstante, la mayoría de acciones u obligaciones suelen ser de carácter personalísimo, por lo que se apercibirá al ejecutado para que lleve a cabo las mismas y, en su caso, se resarcirá económicamente al ejecutante por los daños y perjuicios causados (normalmente bajo la forma de costas judiciales) y/o se podrá imponer una multa al demandado por ése o futuros incumplimientos. Para el caso de las obligaciones de no hacer, la única solución suele ser el resarcimiento económico y/o multa que anteriormente indicábamos.

Debemos señalar en esta categoría que los asuntos defamilia(divorcios, separaciones, modificaciones de medidas, etc…) también se enmarcan dentro de los juzgados civiles de primera instancia, pero en el partido judicial de Madrid, existen los juzgados de familia situados en la Calle de Francisco Gervás, que conocen en exclusiva estos procedimientos. Salvo que se trate de procedimientos cuyas partes estén implicados en asuntos de violencia de género, pues entonces la competencia de estos procesos de familia será absorbida por el Juzgado de Violencia Contra la Mujer (en Madrid los más conocidos se encuentran en la calle Albarracín).

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Lo primero que hay que determinar es si esa resolución es firme o, si no lo es, es susceptible de ejecución forzosa u ejecución provisional (como sucede, por ejemplo, en la mayoría de sentencias dictadas en el ámbito del derecho de familia).Una vez confirmada la firmeza o fuerza ejecutiva de esa resolución, y transcurrido el plazo sin que la contraparte dé cumplimiento a la misma, podrá interponerse una demanda ejecutiva para obligar, mediante un procedimiento ejecutivo ante el juzgado correspondiente, al cumplimiento de los términos recogidos en la misma.

Debemos indicar que, cuando los juzgados tramitan un concurso de una empresa, estos juzgados también serán competentes para conocer de los asuntos laborales que deriven del mismo. También suelen conocer de asuntos que versan sobre propiedad industrial o intelectual, competencia desleal, asuntos que radiquen en la normativa de transportes, derecho marítimo o acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios, entre otros.

Lo primero que debes saber es que los municipios de Madrid están divididos en distintospartidos judiciales, cada uno de los cuales tiene sus propios juzgados.Los partidos judiciales en Madrid son: Torrelaguna, Torrejón de Ardoz, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Alcobendas, Móstoles, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Leganés, Getafe, Madrid, Majadahonda, Coslada, Arganda del Rey, Collado Villalba, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, Colmenar Viejo, Valdemoro y Pozuelo de Alarcón.

A la luz de esta resolución del TEAC, la propia DGT en su consulta vinculante V3097/2020 el 15 de octubre de 2020, ha modificado su criterio de tal manera que sobre la cantidad percibida en concepto de costas procesales se detraigan los importes abonados en concepto de abogado y procurador y aquellos devengados a consecuencia del procedimiento jurídico, y únicamente se tribute por las cantidades restantes, en su caso, por tratarse de un efectivo incremento patrimonial.

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Si bien hasta hace poco la Dirección General de Tributos (DGT) obligaba a tributar por el 100% de la cantidad percibida en concepto de costas, toda vez que entendía que las costas se abonaban en concepto de indemnización por los gastos incurridos durante el procedimiento correspondiente, motivo por el cual se presuponía un incremento patrimonial y se obligaba a su tributación.

Características:

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